Los Tratados de Libre Comercio e Inversión asaltan la economía local

Otra amenaza se cuece en los despachos de la Comisión Europea, un organismo de escasa legitimidad democrática que se permite el lujo de tomar decisiones y de negociar a puerta cerrada y en secreto las políticas que nos ha tocado sufrir. El TTIP, Tratado de Libre Comercio e Inversión (TLCI) entre Estados Unidos y la Unión Europea, es una herramienta más para profundizar en las medidas que han empobrecido a la sociedad e implementar un modelo basado en la precariedad y la exclusión social. Pretenden llevarnos de la crisis a la catástrofe, por si algunas no se atrevían a definir de esta manera la situación actual.

Parece ser que aún no hemos tocado fondo, más recortes y más incertidumbre en un nuevo marco de convivencia que implica la degradación de todos los estándares de protección social y medioambiental, con el objetivo de implantar un mercado de competencia abierta y sin ambages donde las grandes compañías transnacionales puedan campar a sus anchas y adueñarse de las ganancias, con terribles consecuencias para las pequeñas y medianas empresas y la economía rural, que quedarán indefensas ante el embate de las corporaciones y sus bajos costes de producción.

Asimismo, el medio rural ya ha sido testigo a lo largo de las últimas décadas de la desarticulación de las redes locales de comercio y producción. Los cultivos familiares han sido sustituidos por grandes explotaciones latifundistas y las tiendas del barrio por supermercados que monopolizan el sector alimentario. De la misma manera, la preferencia de las grandes empresas agroindustriales por desarrollar su actividad en terceros países con menores costes de producción (peores salarios y peores condiciones de trabajo) ha dejado en la estacada a millones de familias que ya no pueden vender los alimentos que producen y han tenido que dejar sus tierras para encontrar un sustento.

En este contexto de degeneración forzada de la cohesión social, llegan los TLCIs a rematar la jugada con un marco legislativo y jurídico que garantice la aplicación de las reformas que ambicionan los principales lobbies empresariales de presión. El TTIP y el CETA (TLC con Canadá) son instrumentos para eliminar los denominados “obstáculos al comercio”, eufemismo que, dejando a un lado los bajos aranceles que quedan, designa el conjunto de legislaciones que aseguran el cumplimiento de los derechos laborales, la protección del medio ambiente, el control de la seguridad alimentaria o el mantenimiento de los servicios públicos.

Mediante la igualación a la baja de las normativas de los países firmantes, quedarían reducidas o eliminadas las regulaciones más exigentes con las actividades empresariales y se perpetuarían y reforzarían aquellas que favorezcan los intereses corporativos. Esta armonización tendría graves efectos sobre la legislación europea. EEUU no ha firmado algunos de los convenios básicos de la OIT, como los relativos a libertad sindical, negociación colectiva o derecho a huelga. Además, permite el desarrollo de todo tipo de actividades productivas de extracción de recursos combustibles y cultivos intensivos que tienen un impacto tremendo sobre el medio ambiente. No sólo eso, si no que el mercado alimentario está penetrado por infinidad de productos potencialmente insalubres como los transgénicos o la carne hormonada, no es casualidad que este país registre una de las mayores incidencias de enfermedades cardíacas sobre la población.

Como ya ocurrió en otros episodios de liberalización económica (recordemos los años de la entrada en la Unión Europea), muchos sectores industriales y agrícolas de carácter regional o local desaparecerán bajo el efecto de la competencia agresiva entre estructuras desiguales, el pez grande se come al pequeño. En EEUU, el modelo agrícola es de carácter intensivo y se acumula en pocas manos, poco más de 2 millones explotaciones con una media de 170 hectáreas de extensión, mientras que en Europa aún quedan algunos resquicios de la agricultura descentralizada, casi 14 millones de explotaciones con una media de 12 ha de extensión.

Poco margen quedará para las iniciativas locales ante la ambición de los grandes propietarios de los recursos del planeta. Es más, las instituciones municipales no podrán priorizar el desarrollo de las empresas y actividades locales en el ámbito de la contratación pública, donde las corporaciones multinacionales podrán aspirar, con todas sus ventajas competitivas, a la gestión de los servicios de carácter municipal.

Por eso, debemos reivindicar con más fuerza que nunca los derechos de las personas y la defensa del medio ambiente y el mundo rural. Desde lo más pequeño a lo más grande.

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